Sí, un testamento puede impugnarse si se demuestra que, en el momento de otorgarlo, la persona no podía comprender ni expresar su voluntad, o si hubo violencia, dolo o fraude. Un diagnóstico de Alzheimer o demencia no basta por sí solo: lo decisivo es su estado en el momento concreto de testar (artículo 666 del Código Civil).
Un padre de 86 años cambia su testamento pocos meses antes de fallecer. Hasta entonces había repartido su patrimonio entre sus tres hijos, pero en el último testamento deja una parte mucho mayor de la herencia a uno de ellos.
La familia sabía que en esa época empezaba a tener problemas de memoria. Le habían diagnosticado deterioro cognitivo y algunos días parecía perfectamente consciente de lo que ocurría mientras que otros estaba desorientado.
Después del fallecimiento aparece inevitablemente la pregunta:
¿Se puede impugnar un testamento si la persona tenía Alzheimer, demencia o falta de capacidad cuando lo firmó?
La respuesta no depende únicamente de que existiera un diagnóstico médico. Una de las cuestiones fundamentales es saber qué situación tenía esa persona en el momento concreto en el que otorgó el testamento y si realmente pudo comprender y expresar su voluntad.
Y ahí aparece uno de los mayores problemas cuando surge un conflicto años después: reconstruir exactamente qué comprendía, qué quería y en qué circunstancias tomó aquella decisión.
¿Puede una persona con Alzheimer o demencia hacer testamento?
Tener Alzheimer, demencia, deterioro cognitivo o una discapacidad no significa automáticamente que una persona no pueda hacer testamento.
La legislación española pone el foco en la situación de la persona en el momento de testar. El artículo 663 del Código Civil establece que no puede testar quien, en ese momento, no pueda conformar o expresar su voluntad ni siquiera con ayuda de medios o apoyos. Por su parte, el artículo 665 prevé que una persona con discapacidad puede otorgar testamento cuando, a juicio del notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones, facilitándole los apoyos que sean necesarios para expresar su voluntad, deseos y preferencias.
Por tanto, preguntas frecuentes como “¿puede una persona con Alzheimer hacer testamento?”, “¿puede una persona con demencia cambiar su testamento?” o “¿es válido el testamento de una persona con deterioro cognitivo?” no pueden responderse únicamente atendiendo al diagnóstico.
Lo importante es determinar si esa persona comprendía suficientemente qué estaba haciendo y podía expresar su propia voluntad en aquel momento concreto.
Lo importante es el momento exacto en el que se hizo el testamento
El artículo 666 del Código Civil señala que, para apreciar la capacidad del testador, hay que atender a su estado en el momento de otorgar el testamento.
Una persona puede sufrir una enfermedad neurodegenerativa y conservar durante determinado tiempo la posibilidad de comprender decisiones concretas. También puede suceder lo contrario: que aparentemente mantenga una conversación normal pero no comprenda realmente el alcance patrimonial o familiar de una decisión determinada.
Por eso, cuando años después alguien intenta impugnar un testamento por falta de capacidad, una de las preguntas fundamentales será cómo se encontraba realmente esa persona el día y a la hora en que decidió cambiar su testamento. No cómo estaba seis meses antes. No cómo estaba tres meses después. Sino qué podía comprender y qué voluntad podía manifestar en ese momento.
¿Cuándo se puede plantear la impugnación de un testamento?
Puede surgir una controversia cuando los familiares consideran que el testador no estaba en condiciones de comprender lo que estaba haciendo o cuando existen sospechas de presión, manipulación, engaño o influencia indebida.
– Cambios importantes de última hora, por ejemplo una modificación sustancial del reparto de la herencia poco antes del fallecimiento.
– Deterioro cognitivo avanzado que pudiera haber afectado a la comprensión y expresión de la voluntad.
– Aislamiento de la persona mayor o dependencia intensa de una única persona.
– Cambios difíciles de explicar para la familia, como beneficiar de forma inesperada a alguien recién incorporado al entorno del testador.
– Presiones, violencia, dolo o fraude. El Código Civil contempla la nulidad del testamento otorgado bajo determinadas circunstancias de este tipo.
Ninguna de estas circunstancias significa por sí sola que un testamento sea inválido. Cada situación debe analizarse atendiendo a las circunstancias y pruebas concretas.
“Mi padre cambió el testamento cuando ya tenía demencia”: ¿cómo se demuestra?
Cuando el conflicto comienza después del fallecimiento, la persona que tomó la decisión ya no puede explicar qué comprendía, por qué cambió el testamento o si alguien estaba influyendo sobre ella.
Por eso pueden adquirir importancia la documentación médica, las comunicaciones, las declaraciones de personas que tenían relación con el testador, la documentación notarial y cualquier otra evidencia que permita reconstruir su situación y las circunstancias en las que tomó la decisión.
En los testamentos notariales, además, el notario tiene una función especialmente relevante: debe asegurarse, a su juicio, de que el testador tiene la capacidad legal necesaria para testar. El punto de partida razonable es que el notario actúa de buena fe y cumple esa función profesional; la documentación adicional no nace de una sospecha sobre su actuación, sino de la conveniencia de dejar más evidencia ante una eventual controversia futura.
Si posteriormente aparece un conflicto familiar, puede ser necesario reconstruir con mucho más detalle cuestiones como estas:
– ¿Sabía la persona qué estaba firmando?
– ¿Comprendía a quién estaba dejando sus bienes?
– ¿Entendía las consecuencias del cambio respecto de un testamento anterior?
– ¿Expresaba espontáneamente esa decisión?
– ¿Existía presión por parte de un familiar, cuidador o tercero?
– ¿Podía explicar con sus propias palabras qué quería hacer?
Cuanta más información contemporánea exista sobre el proceso de decisión, más sencillo será entender años después qué sucedió realmente. Explicamos con más detalle esta diferencia en nuestra guía sobre qué pasa cuando una persona mayor firma sin entender lo que firma.
¿Por qué un diagnóstico de Alzheimer no es suficiente por sí solo?
Una enfermedad o discapacidad y la posibilidad de tomar una determinada decisión jurídica no son exactamente la misma cuestión. La regulación actual se orienta a que una persona pueda expresar su voluntad utilizando, cuando sea necesario, medios y apoyos para comprender y tomar decisiones.
Por ello, afirmar simplemente “tenía Alzheimer, por tanto el testamento no vale” es una simplificación excesiva. Pero también lo sería afirmar “pudo firmar ante notario, por tanto no puede existir ninguna controversia”. Lo relevante es qué sucedió en ese proceso concreto de decisión y qué evidencia existe para reconstruirlo posteriormente.
El problema de intentar demostrarlo cuando ya es demasiado tarde
Muchas familias empiezan a hacerse estas preguntas después de que aparezca el conflicto. Entonces intentan localizar informes médicos, mensajes, conversaciones antiguas o personas que recuerden cómo estaba el testador meses o años atrás.
Pero la memoria de los testigos puede ser incompleta. Los informes médicos pueden haberse realizado en fechas diferentes. Y un diagnóstico general no siempre explica qué comprendía una persona respecto de una decisión específica en un día concreto.
El mejor momento para documentar una decisión importante no es cuando aparece el conflicto, sino cuando esa decisión se está tomando.
¿Cómo puede ayudar Certofy?
Certofy parte precisamente de esta necesidad: reforzar la documentación del momento de la decisión, sobre todo cuando una decisión adoptada por una persona de edad avanzada puede ser cuestionada años después.
Su finalidad principal no es probar por sí solo que la persona comprendió efectivamente cada explicación o cada consecuencia del testamento. Lo que busca es ayudar a dejar evidencia contemporánea de que, en ese momento, la persona estaba en condiciones de comprender la decisión: que conservaba la capacidad funcional necesaria para recibir una explicación, razonar sobre ella y responder de forma coherente.
A partir de ahí, comprobar que la persona ha comprendido suficientemente el acto concreto forma parte de la actuación del notario o del profesional que intervenga, dentro de las funciones que le correspondan. Certofy no sustituye esa labor ni pretende revisarla.
Si se desea reforzar también la evidencia sobre la comprensión efectiva, pueden utilizarse elementos complementarios —por ejemplo, una entrevista personal o una grabación en vídeo— en los que la propia persona explique con sus palabras qué está haciendo y por qué. Certofy puede integrarse en ese conjunto de evidencias sin atribuirse una función que corresponde al profesional.
Su utilidad está, por tanto, en ayudar a acreditar cómo se encontraba la persona en el momento relevante y reducir la necesidad de reconstruir años después, con recuerdos parciales, si era o no capaz de comprender una decisión que entonces podía adoptar válidamente.
Prevenir conflictos también protege la voluntad de la persona mayor
Esta prevención resulta especialmente importante en un escenario que a menudo pasa desapercibido: el de una persona mayor perfectamente sana, autónoma y capaz de decidir, cuya decisión perjudica las expectativas de un futuro heredero y es cuestionada después precisamente por ese motivo.
Imaginemos que una mujer de 82 años, sin deterioro cognitivo y plenamente autónoma, decide cambiar voluntariamente su testamento para beneficiar especialmente a uno de sus hijos, que la ha acompañado durante años. La decisión puede sorprender o disgustar a los demás, pero la edad no convierte por sí sola una decisión válida en sospechosa.
Tras su fallecimiento, uno de los herederos perjudicados impugna el testamento alegando que su madre no sabía lo que hacía. Puede ocurrir incluso que ese familiar conociera en vida la decisión y sus motivos. En un conflicto posterior, disponer de evidencia contemporánea de que la testadora estaba en condiciones de comprender ayuda a proteger su autonomía y a contextualizar la actuación de los profesionales que intervinieron de buena fe.
El objetivo no es blindar una decisión frente a cualquier reclamación, sino conservar mejores elementos de prueba para que una decisión válida de una persona mayor no quede debilitada únicamente por el paso del tiempo, su edad o el interés posterior de quien esperaba recibir otra cosa.
Preguntas frecuentes
¿Se puede impugnar un testamento por falta de capacidad?
Puede plantearse una impugnación cuando se considera que el testador no podía conformar o expresar su voluntad en el momento de testar. La viabilidad de cada caso dependerá de sus circunstancias y de las pruebas disponibles.
¿Una persona con Alzheimer puede hacer testamento?
Un diagnóstico de Alzheimer no determina automáticamente que una persona no pueda testar. La legislación española atiende a si, en el momento concreto del otorgamiento, puede comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones, incluso utilizando los apoyos necesarios.
¿Es válido el testamento de una persona con demencia?
Dependerá de su situación concreta en el momento del otorgamiento. El Código Civil establece que la capacidad del testador debe valorarse atendiendo al estado en que se encontraba cuando otorgó el testamento.
¿Se puede impugnar un testamento porque una persona mayor fue manipulada?
La edad por sí sola no invalida un testamento. Sin embargo, si existen indicios de violencia, dolo o fraude, pueden existir fundamentos para cuestionarlo.
¿Qué diferencia hay entre demostrar que una persona podía comprender y demostrar que comprendió?
No es exactamente lo mismo. Certofy está orientado a aportar evidencia sobre la primera cuestión: si la persona, en ese momento, estaba en condiciones de comprender la decisión. La comprensión efectiva del acto concreto corresponde comprobarla al profesional que interviene y puede reforzarse, cuando resulte oportuno, mediante una entrevista, un vídeo u otras evidencias del contenido de la explicación y de las respuestas de la persona.
¿Certofy certifica que una persona tiene capacidad legal?
No. Certofy no sustituye el juicio del notario, una valoración médica cuando sea necesaria ni el asesoramiento jurídico. Tampoco pretende certificar la capacidad legal. Su finalidad es ayudar a documentar que, en el momento relevante, la persona presentaba condiciones compatibles con la capacidad de comprender la decisión, como una capa de evidencia complementaria.
Documentar hoy lo que mañana puede ser difícil demostrar
Los conflictos sucesorios no aparecen únicamente cuando existe Alzheimer, demencia o deterioro cognitivo. También pueden surgir respecto de personas mayores que estaban sanas y tomaron decisiones plenamente conscientes que, sencillamente, alteraron las expectativas de uno o varios familiares.
Por eso, cuando se adopta una decisión patrimonial importante a una edad avanzada, puede tener sentido documentar no solo la correcta formalización, sino también que la persona estaba en condiciones de comprender. Esa evidencia protege su autonomía y puede respaldar a los profesionales y beneficiarios que actuaron de buena fe. Lo mismo ocurre con otras decisiones relevantes, como la venta de una vivienda por parte de una persona mayor o el otorgamiento de un poder notarial.
Años después, la discusión puede no ser únicamente “¿firmó este testamento?”, sino “¿era capaz de comprender lo que estaba decidiendo en ese momento?” y, en su caso, “¿qué evidencia existe de que el profesional comprobó adecuadamente la comprensión del acto concreto?”.
Certofy ayuda a dejar constancia del primer aspecto cuando la decisión se produce. Si además se documenta mediante entrevista, vídeo u otros medios qué explicación recibió y cómo la expresó con sus propias palabras, el conjunto probatorio puede ser aún más completo.
¿Quieres dejar constancia de una decisión importante? Conoce cómo Certofy ayuda a documentar que una persona estaba en condiciones de comprender una decisión relevante en el momento de tomarla.
Aviso: Este contenido tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Ante un caso real, es recomendable consultar con un profesional especializado.
Fuentes jurídicas de referencia
Código Civil (texto consolidado, BOE): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
Ley 8/2021, de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-9233
